Decreto que regula la autorización de actividades en el mar para compatibilizarlas con los objetivos de las estrategias marinas

Decreto que regula la autorización de actividades en el mar para compatibilizarlas con los objetivos de las estrategias marinas

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el informe de compatibilidad de las actividades humanas en el mar y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas. Los informes que serán emitidos por el Ministerio para la Transación Ecológica serán preceptivos y vinculantes.

Quedan sujetas a este procedimiento las actividades que impliquen la ejecución de obras o instalaciones en aguas marinas, su lecho o su subsuelo, la colocación o depósito de materias sobre el fondo marino, así como los vertidos.

El Real Decreto desarrolla el procedimiento de tramitación de los informes de compatibilidad que ha de emitir el Ministerio para la Transición Ecológica y establece los criterios de compatibilidad de las actividades, (señaladas en el artículo 3.3 de la Ley 4), con los objetivos de conservación marcados en cada una de las cinco estrategias marinas de España, una para cada una de las demarcaciones marinas: noratlántica, sudatlántica, del Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria.

En el caso de actuaciones que puedan afectar directa o indirectamente a espacios marinos protegidos de competencia estatal, el informe de compatibilidad tendrá en cuenta los valores protegidos presentes en esos espacios, los planes de gestión de los mismos y la normativa específica que los regule. Si se trata de espacios protegidos de gestión autonómica, el informe de compatibilidad con la estrategia marina ponderará lo indicado en el informe previo de la Administración autonómica competente para la gestión de dichos espacios. En los casos en los que resulte afectado por la actuación el espacio de más de una demarcación marina, se emitirá un único informe de compatibilidad.

El informe de compatibilidad tendrá una vigencia de cuatro años desde su notificación y si en ese plazo la actuación no ha sido ejecutada se deberá solicitar un nuevo informe.

La lista de actuaciones que deben contar con un informe de compatibilidad con las estrategias marinas son las siguientes aportada por el Ministerio para la Transición Ecológica es la siguiente:

– Sondeos exploratorios y explotación de hidrocarburos en el subsuelo marino.

– Almacenamiento geológico de gas o CO2.

– Instalación de gasoductos y oleoductos, sobre el lecho marino o enterrados bajo el mismo.

– Instalación de cables submarinos de telecomunicaciones o de electricidad, colocados sobre el lecho marino o enterrados bajo el mismo.

– Instalación de conducciones para vertidos desde tierra al mar o captaciones de agua de mar sobre el lecho marino o enterrados bajo el mismo.

– Infraestructuras marinas portuarias.

– Infraestructuras marinas de defensa de la costa.

– Dragados y vertidos al mar de material dragado.

– Extracción de áridos submarinos, incluida la realizada con destino a la creación o regeneración de playas y sin perjuicio de la prohibición de extracción de áridos para la construcción conforme a lo señalado en el artículo 63.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

– Minería submarina.

– Regeneración o creación de playas, siempre que se trate de un aporte externo de áridos se realice por debajo de la cota de la pleamar máxima viva equinoccial.

– Proyectos diferentes a las aportaciones de arena a playas y la construcción de nuevas infraestructuras portuarias y de defensa de la costa, encaminados a ganar tierras al mar con aporte de materiales de cualquier procedencia.

– Energías renovables en el mar.

– Balizamientos de señalización de áreas ecoturísticas, áreas de custodia marina o asimiladas mediante la instalación de boyas o cualquier otro dispositivo flotante siempre y cuando los mismos vayan anclados al fondo marino.

– Fondeaderos fuera de la zona de servicio adscrita a los puertos, y dentro de la zona de servicio cuando en su instalación y uso se afecte de forma directa a espacios marinos protegidos, o a hábitats, o a especies con alguna figura de protección.

– Arrecifes artificiales.

– Instalaciones de acuicultura marina para el cultivo o engorde de especies comerciales.

– Actividad económica de colocación de urnas funerarias o cenizas funerarias en el mar.

 

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