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El proyecto Ports small and medium alliance for sustainable development (Psamides), en que participa Ports de les Illes Balears, comenzó en enero de 2020 y terminará en junio de 2022. Su presupuesto es de casi tres millones de euros, 2,4 M€ financiados por los fondos FEDER/IPA de la UE. Las psamides son en la mitología griega las ninfas de las playas de arena fina, las que cuidan y protegen.
La directora general de Recursos Pesqueros, Isabel Artime, se reunió el 13 de febrero con representantes de la flota de cerco del Mediterráneo, de las comunidades autónomas implicadas y del Instituto Español de Oceanografía (IEO) para estudiar posibles mejoras en la gestión de esta pesquería, especialmente respecto a la situación de sardina y boquerón.
Los 46 puertos de interés general del Estado movieron 564.611.193 toneladas durante el año 2019, un máximo histórico, pero que solo representa un 0,2% de aumento. Más de 37,3 millones de pasajeros utilizaron las instalaciones de los puertos españoles. Durante la última década (2010-2019) el tráfico portuario ha crecido a un ritmo medio del 3%, pasando de los 432,5 millones de toneladas a los actuales 564,6 millones.
Ha finalizado en el puerto de Palma la primera campaña de 2020 de los programas de monitorización medioambiental RADMED y ESMARES. Durante 18 días, se ha realizado a bordo del buque del IEO Ramón Margalef un muestreo de las variables físicas, químicas y biológicas del Mediterráneo español desde Barcelona a Algeciras, incluyendo las Islas Baleares.
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, expuso la semana pasada a la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Alicia Villauriz, su preocupación ante el efecto dominó que puede tener en Galicia tanto la a su juicio estricta aplicación actual del Reglamento de Costas como la modificación que ha previsto hacer el Estado.
La Xunta de Galicia “recela de la respuesta recibida por parte de la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno del Estado sobre la modificación del reglamento general de Costas pues en ella se atribuyen incorrectamente competencias estatales al Ejecutivo gallego y tampoco se rechaza definitivamente la modificación de esta normativa”.