Pedro Duque consigue eliminar la intervención previa en los OPIs e implanta varias medidas más para agilizar la gestión científica

Pedro Duque consigue eliminar la intervención previa en los OPIs e implanta varias medidas más para agilizar la gestión científica

El Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la universidad aprobado ayer en Consejo de Ministros sustituye la intervención previa en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), recuperando la situación de 2014 (el control financiero permanente). La intervención previa había causado gravísimos problemas a la ciencia española y había un amplísimo consenso en la comunidad científica de tratarse de una medida nefasta, que ha causado graves perjuicios.

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, cumple así una de sus promesas. La eliminación de la intervención previa le había sido pedida insistentemente por los científicos de los OPIs cuando inició su mandato.

El Decreto considera otras medidas. Al respecto Duque ha afirmado que estas suponen un punto de inflexión para el sistema de I+D+I y universidades, que ha soportado en los últimos años normativas que dificultaban el normal desarrollo de proyectos científicos. La batería de medidas, que incluye diez cambios legislativos que modifican normativas y varias leyes, persigue que los investigadores puedan centrarse en su trabajo de generación y transferencia de conocimiento, y puedan así competir mejor a nivel internacional y captar talento investigador.

Se modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los centros y universidades puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica. Esta medida, junto con la estabilización de 1.454 plazas temporales en OPIS ya aprobada el 25 de enero, contribuirá enormemente a rebajar la temporalidad e inestabilidad de los científicos, en especial los jóvenes.

Se permite a los Organismos Públicos de Investigación elaborar informes-tipo anuales para todas las contrataciones previstas, lo que agilizará la gestión del reclutamiento de investigadores de carácter laboral.

Los centros de investigación y universidades podrán ejecutar contratos menores de servicios y suministros hasta importes de 50.000 € con el mismo proveedor para distintas unidades, aunque anualmente se superen dichos límites con la suma total de los contratos (por ejemplo, la compra de material de laboratorio para dos proyectos de la misma universidad).

Se permitirá a la Agencia Estatal de Investigación contar con más medios externos para reducir los plazos de comprobación de las subvenciones de proyectos de investigación. De esta manera, se busca liberar recursos para dedicarlos a la gestión de las convocatorias.

Se modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los investigadores en situaciones de maternidad y paternidad, así como de incapacidad temporal, no se vean discriminados en la selección y evaluación de su actividad científica. Esta ha sido una medida muy reclamada para mejorar la igualdad de oportunidades entre investigadores, en especial la de las científicas madres, y se aplicará en todas las convocatorias del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Se recogen mejoras sustanciales para los afectados por los préstamos Renta-Universidad, ya que solo los que sobrepasen los 22.000 euros anuales tendrán que comenzar a devolver el crédito, para lo que dispondrán de 15 años de plazo para devolverlo. Se prevé que esta medida podrá beneficiar a hasta 12.000 jóvenes que están pendientes de la devolución de los créditos, algunos de los cuales se han enfrentado a situaciones de impago.

Se modifica la Ley de la Ciencia para ampliar la duración de los convenios de investigación. En el caso de convenios para centros, institutos, consorcios españoles o europeos se amplía el periodo de vigencia de estos convenios hasta los 17 años. Además, los convenios para consorcios podrán tener vigencias más largas si así lo exige el proyecto científico o por la naturaleza de las inversiones.

Los centros de investigación, así como los consorcios y fundaciones, podrán concertar operaciones de crédito directamente, siempre que se financien con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional o al Fondo Social Europeo. De esta forma, se evitarán los retrasos en la adquisición de aparatos y en la realización de obras e infraestructuras de centros de investigación. Algunos ejemplos de créditos de estas características son la reparación y renovación de buques oceanográficos o nuevos equipos de grandes instalaciones científicas.

La última de las diez medidas aplica a los Parques Científicos y Tecnológicos que acrediten encontrarse en una situación financiera que les impida cumplir con sus obligaciones de pago de préstamos o anticipos concedidos en virtud de las convocatorias gestionadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En estos casos, y supeditado a la presentación de un plan de viabilidad, se aplazarán las cuotas de amortización de lo adeudado en estas convocatorias del Ministerio.

 

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