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Pedro Maza, vicepresidente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) presentó el 14 de julio la dimisión a sus cargos en ambas organizaciones tras verse implicado en la operación “Matraca”, desarrollada por la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil para desmantelar redes de contrabando de hachís en el Estrecho de Gibraltar que utilizaban buques pesqueros.

La reunión celebrada el día 22 entre Alicia Villauriz y el sector pesquero no estuvo exenta de discrepancias. Así, Cepesca no está de acuerdo con que las ayudas a paradas temporales se limiten temporalmente al estado de alarma ni a que se descuente de ellas los pagos de seguridad social asociados a un ERTE.

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) solicitó el pasado viernes al Gobierno que se considere a los tripulantes de los buques de pesca como colectivo sensible y adoptar una serie de medidas urgentes que permita seguir asegurando el suministro de pescado por parte de las flotas, tanto de bajura como de altura.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunió el 5 de marzo con diversos representantes del sector pesquero, a los que informó de las principales líneas del Ministerio en cuanto a pesca y acuicultura para la presente legislatura. Estas girarán en torno a tres ejes de sostenibilidad: económica, social y medioambiental. Cepesca considera que su problemática se parece mucho a la de agricultores y ganaderos, aunque los pescadores no estén en la calle.

El sector pesquero está inquieto por comentarios, escuchados en instancias europeas, sobre un posible debilitamiento español en cuanto a considerar prioritario el acceso a las aguas del Reino Unido en la negociación del Brexit. En consecuencia, Cepesca convocó el 5 de marzo a la prensa a un almuerzo en el cual se expuso esta inquietud, aunque allí también se dijo que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, había dado garantías de que esto no ocurría, el hecho de que los rumores apunten a funcionarios de Relaciones Exteriores hace que se mantenga la preocupación.

La 26ª reunión anual de ICCAT aprobó, entre otras medidas, un importante cambio en los criterios de gestión de los túnidos tropicales, en especial del patudo, asignando TAC para 2020 y 2021 y cuotas para todas las flotas. El MAPA, WWF, Europêche y Cepesca se han posicionado al respecto. Greenpeace ha respondido directamente a Magazine Océano, declarando que las medidas son muy insuficientes.