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La Comisión Europea adoptó el 20 de mayo las estrategias De la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030. Ambas vinculadas al sector agroalimentario y que se enmarcan en el Pacto Verde. En lo que respecta a las pesca, la CE propone a la UE aumentar la cobertura de las áreas marinas protegidas del 10% al 30%, incluida una zona de no captura del 10%, mantener o reducir la mortalidad por pesca a niveles de Rendimiento Máximo Sostenible e incrementar el número de parques eólicos marinos, incluso en áreas vulnerables.

La 26ª reunión anual de ICCAT aprobó, entre otras medidas, un importante cambio en los criterios de gestión de los túnidos tropicales, en especial del patudo, asignando TAC para 2020 y 2021 y cuotas para todas las flotas. El MAPA, WWF, Europêche y Cepesca se han posicionado al respecto. Greenpeace ha respondido directamente a Magazine Océano, declarando que las medidas son muy insuficientes.

Europêche ha expresado en la 26 reunión ordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que se celebra hasta el 25 de noviembre en Palma de Mallorca, “su compromiso para contribuir a la sostenibilidad del atún patudo del Atlántico”. También recuerda que la flota europea de cerco siempre ha respetado la cuota asignada y que ésta ha ido decreciendo durante los últimos cinco años.

Europêche, la patronal pesquera europea, ha instado a los Estados miembros de la UE a “abstenerse de proponer o secundar a terceros países para incluir el tiburón marrajo dientuso en el Apéndice II de CITES. de cara a la reunión de este organismo que se celebrará del 23 de mayo al 3 de junio próximos, en Colombo (Sri Lanka)”.

Europêche, patronal del sector pesquero europeo, se opone a la decisión de la Comisión Europea (CE) de suscribir la propuesta mexicana de incluir al tiburón marrajo dientuso en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Según Europêche, “esta medida, además de carecer de base científica y legal, tendría un impacto muy negativo en la actividad económica del sector, en especial en España y Portugal. Concretamente, y en el caso español, según apunta la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), en 2017 se comercializaron casi 3.000 toneladas que generaron un volumen de negocio de 10 millones de euros”.